Aprovechar todos los alimentos y redistribuirlos o que las empresas cuenten con un plan específico de prevención frente a su desperdicio. Parecen cosas de sentido común pero nadie prácticamente las ha aplicado hasta ahora. Es impactante pensar que cada español tira a la basura 31 kilos de alimentos al año o que, según la FAO, se desperdicia alrededor del 30 por 100 de los alimentos que se producen en el mundo, mientras la pobreza está instalada en amplios territorios y capas de la población que apenas consiguen el sustento cotidiano. Combatir el desperdicio y el despilfarro es, por lo tanto, una necesidad social.
Por Eugenio Occhialini
Por eso hay que aplaudir la aprobación en Consejo de Ministros, a primeros de junio, de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España. De hecho, solo existen hasta ahora normativas de este corte en Franca y en Italia. Y eso que se trata de un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) incluido en la Agenda 2030 de la ONU.
Esta ley aparece en un momento coyuntural más que oportuno. Los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania, con la subida del precio de las materias primas y de la energía, están generando una nueva crisis a nivel global, que se convierte en tormenta perfecta si a ello le añadimos las nefastas consecuencias del cambio climático y la escasez de agua. Por eso, tenemos que adaptarnos al cambio económico y cultural en el que estamos inmersos y resulta más necesaria que nunca la batalla, individual y colectiva, contra el desperdicio alimentario.
Malgastar el trabajo de agricultores y ganaderos
Como ingeniero agrónomo, me gusta destacar que tirar alimentos a la basura es, en primer lugar, malgastar el trabajo realizado por agricultores y ganaderos en su producción y malutilizar los recursos naturales que se consumen en este proceso. Pero, además, como ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, gran impulsor de esta norma junto a su equipo, es un asunto que tiene un claro componente ético y, por ello, hay que llamar a la conciencia de todos. Sin el compromiso social, la Ley no tendrá el recorrido que necesita.
Esta normativa apuesta por las buenas prácticas desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección de los alimentos, hasta los consumidores, bien en el hogar o en bares y restaurantes, ya que el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de todas las fases de una cadena alimentaria que, en este aspecto, muestra una gran fragilidad.
La prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos. Y cuando los alimentos ya no sean aptos para nosotros, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.
Obligación de entregar lo no consumido
Muy importante me parece que, a partir de ahora, las empresas de hostelería tengan la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido, práctica que hasta ahora no ha sido muy habitual entre nosotros, lo que ha contribuido muchísimo al despilfarro. Y también que la nueva Ley apele a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo a la jerarquía de prioridades de uso.
El articulado incluye un régimen sancionador para quienes no cumplan las nuevas exigencias de sentido común, incluyendo a las empresas y entidades de iniciativa social que sean receptoras de las donaciones y que no entreguen los excedentes a personas desfavorecidas, o que establezcan algún tipo de discriminación en el acceso al reparto de alimentos.
El desperdicio de alimentos es consecuencia de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios. Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y también comportamiento inapropiado de los consumidores. Perjudica al conjunto de la sociedad, porque encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos que se utilizan en la producción y el trabajo de agricultores y ganaderos, aumenta los residuos y el impacto ambiental, y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad.
La gran aportación de esta ley es que trata de orientar hacia un sistema de producción más eficiente y circular, más necesario que nunca en esta época de incertidumbre. Pero para que tenga éxito en la consecución de sus objetivos a medio y largo plazo necesita de la implicación del conjunto de la cadena alimentaria y de la sociedad en general.
Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad inmediata que empieza en los más simples actos cotidianos, tanto en el hogar como en nuestra vida social. Pasó el tiempo del despilfarro. Seguramente no podremos volver a permitírnoslo nunca más.
