En este comunicado la DO CAVA explica que recomendó limitar las nuevas plantaciones en todo su territorio a raíz de la existencia de un excedente de unas 6.000 hectáreas de viña, de las cuales 4.000 han sido plantadas en los últimos tres años, agravando más la situación.
Esta decisión fue tomada por unanimidad por los representantes escogidos democráticamente de los viticultores y elaboradores de la DO CAVA, procedentes de los 159 municipios que la componen, con el objetivo de garantizar un crecimiento sostenible a medio y largo plazo.
«La sentencia emitida por el TSJ de Madrid afecta exclusivamente a la resolución correspondiente al año 2018, no a posteriores», subrayan.
«Al igual que todas las denominaciones de origen europeas, la DO CAVA tiene la responsabilidad y competencias –reconocidas por la legislación nacional y europea– para gestionar de forma ordenada y equilibrada su viñedo, acorde a la demanda de sus productos».
Y concluye: «la DO CAVA trabaja por defender los intereses de todos sus miembros y, para ello, emprenderá las acciones legales que considere oportunas».
Con más de 38.000 hectáreas repartidas a lo largo de siete comunidades autónomas y más de 6.800 viticultores, la DO CAVA realiza un 60% de sus ventas en el extranjero. Sus 380 bodegas asociadas están presentes en más de 100 países.
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