La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha iniciado la campaña de inspección dirigida a comprobar el cumplimiento de la normativa que afecta a los establecimientos de restauración en la Comunidad Autónoma. La campaña se desarrolla en todas las provincias andaluzas, y desde abril hasta el mes de diciembre se prevé la inspección de, al menos, 900 establecimientos. El uso de aceiteras ilegales será uno de los elementos de análisis, tras la reclamación de Aceites de Oliva de España.
l personal inspector de los Servicios Provinciales de Consumo vigilará, entre otros aspectos, que los establecimientos cumplan la normativa andaluza que regula las hojas de quejas y reclamaciones. Además, se controlará que los precios reflejados en la carta de comidas y bebidas aparezcan completos, incluidos los impuestos.
En las actuaciones, también se vigilará que el establecimiento controlado no comercialice productos de pesca no autorizados. Asimismo, el control normativo que se ejecuta en esta campaña también afecta al aceite de oliva y orujo de oliva, en relación con las aceiteras. Consumo recuerda que los bares y restaurantes no pueden servir el aceite en aceiteras rellenables, y que la normativa obliga a que el producto se sirva en envases etiquetados y con un sistema de cierre que impida su reutilización. Se controlará también en las actuaciones que el establecimiento cumpla la normativa en materia de alérgenos e intolerancias.
La Dirección General de Consumo detalla que en la campaña de inspección en el sector de la restauración desarrollada en 2024, se realizaron en la comunidad autónoma 1.451 actuaciones inspectoras en un total de 798 establecimientos visitados. Esta campaña se saldó con 800 expedientes de inspección, de los que 150 resultaron con incumplimientos, es decir, el 18,7% del total.
Entre los principales incumplimientos detectados, el establecimiento no disponía de las hojas de reclamaciones de la Junta de Andalucía y del cartel anunciador de las mismas. Por otro lado, el restaurante no tenía expuestos los precios de comidas y bebidas, así como los servicios ofertados en el establecimiento, mediante cartas de comidas y bebidas, y/o listas de precios.
Otros incumplimientos estuvieron relacionados con el hecho de que las cartas de comidas y bebidas o las listas de precios no se encontraban situadas tanto en el exterior como en el interior de los restaurantes. También se observó que en los establecimientos que servían en mesa no se entregaba, antes de la prestación del servicio, una carta o lista con todo lo ofertado, con mención expresa de los productos, servicios y precios.
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